El consumo de drogas y la adicción son tan antiguos como la propia humanidad, y es probable que los historiadores y los responsables políticos debatan si la guerra contra las drogas se pudo ganar alguna vez, o cuáles eran sus verdaderos objetivos. Mientras tanto, está claro que para salir del marasmo actual, los estadounidenses tendrán que volver a situar la salud pública en el centro de su enfoque.
La administración Biden ha dado algunos pasos en la dirección correcta. En 2021, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas empezó a gastar algo más de dinero en tratamiento y prevención que en aplicación de la ley e interdicción, por primera vez en una generación. El Departamento de Salud y Servicios Humanos está concediendo exenciones a los estados que quieren activar Medicaid para los reclusos antes de que salgan de prisión. El Departamento de Trabajo está aplicando por fin las leyes que obligan a los proveedores de seguros médicos a cubrir el tratamiento de las adicciones al mismo nivel que cubren otros tipos de atención.
Las leyes también están cambiando. Los médicos que quieran tratar la adicción a los opiáceos con medicamentos como la buprenorfina ya no tienen que obtener una exención de la Administración para el Control de Drogas. Los legisladores también están presionando para que la naloxona, el medicamento para revertir las sobredosis, se venda sin receta, una medida importante que podría ayudar a salvar miles de vidas.
Pero aún queda mucho trabajo por hacer.
El problema
Por un momento olvidada, al principio de la guerra contra las drogas que Estados Unidos libra desde hace medio siglo, la salud pública fue el arma elegida. En la década de 1970, cuando los soldados que regresaban de Vietnam se enfrentaban a la adicción a la heroína, el primer zar antidroga del país -nombrado por el presidente Richard Nixon- desarrolló un sistema nacional de clínicas que ofrecían no sólo metadona, sino también asesoramiento, programas de 12 pasos y servicios sociales. Aproximadamente el 70% del presupuesto nacional para el control de drogas se dedicó a esta iniciativa; sólo el 30% restante se destinó a la aplicación de la ley.
El momento duró poco, por supuesto. Sumido en la controversia y deseoso de parecer duro contra la delincuencia, Nixon rectificó apenas unos meses antes de dimitir de su cargo, y casi todos los presidentes posteriores -desde Reagan hasta Clinton y Bush- siguieron el rumbo que él marcó. En poco tiempo, la proporción de financiación entre medidas de salud pública y de justicia penal se invirtió. Los presupuestos de la policía y las prisiones se dispararon, y todo lo relacionado con la salud, la medicina o los servicios sociales quedó colgando de un hilo.
Los resultados de este cambio son claros: el consumo de drogas se está disparando. Más estadounidenses mueren por sobredosis que en ningún otro momento de la historia moderna. Es hora de invertir el rumbo.
Atacar el problema de salud, no seguridad
No hay suficientes programas ni profesionales médicos capacitados para tratar los trastornos por consumo de sustancias.
En consecuencia, con demasiada frecuencia se deja en manos del sistema de justicia penal la decisión de quién recibe atención. Cuando las listas de espera para los programas se alargan, las personas cuyo tratamiento es ordenado por el tribunal se ponen al frente de la cola. Los resultados no han sido buenos. Los jueces y los agentes de libertad condicional suelen tener escasos conocimientos de medicina de la adicción, lo que da lugar a tratamientos que tienden a ser punitivos en lugar de terapéuticos. Por ejemplo, las personas en libertad condicional por delitos relacionados con las drogas suelen ser encarceladas cuando recaen, en lugar de recibir atención adicional. (Las recaídas son una característica común de los trastornos por consumo de sustancias y una parte normal del proceso de recuperación).
Una forma de cambiar este cálculo es crear incentivos para que más médicos y profesionales de la medicina traten la adicción. La eliminación de la exención especial que necesitan los médicos para recetar buprenorfina, como han hecho recientemente los legisladores federales, será de gran ayuda.
También son necesarios otros ajustes políticos: Las leyes de paridad, que obligan a las aseguradoras médicas a cubrir los servicios de adicción y salud mental tan ampliamente como cubren los tratamientos para otras afecciones médicas, deberían ampliarse para incluir a Medicare. Hay muchas personas que envejecen en ese programa con trastornos por abuso de sustancias. Los funcionarios electos también deberían hacer que la formación básica en tratamiento de adicciones fuera un requisito para las facultades de medicina que reciben financiación estatal y federal.
Las personas no pueden curarse de los trastornos por consumo de sustancias, ni vivir de forma estable con ellos, si carecen de una vivienda adecuada o sufren traumas o enfermedades mentales sin tratar. Para que la reducción de daños -o cualquier intento honesto de hacer frente a la epidemia nacional de consumo de drogas y sobredosis- tenga éxito, las comunidades tendrán que crear más opciones de vivienda. También tendrán que proporcionar vías claras para que las personas que luchan contra la adicción logren la seguridad alimentaria y tengan acceso a la atención médica básica.
Las políticas que facilitan que las personas condenadas por delitos relacionados con las drogas obtengan prestaciones de los programas de protección social -incluidos los cupones de alimentos y los programas de viviendas de apoyo- serían de gran ayuda. También lo haría la Ley de Reingreso en Medicaid, un proyecto de ley que reactivaría Medicaid para los reclusos antes de su puesta en libertad.
