¿Se viene el fin del acuerdo sobre Sustancias Controladas de 1970?

Por años los activistas de la marihuana vienen peleando por la eliminación de la lista de prohibición. Algo que estaría ganando fuerza.

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La clasificación de drogas en categorías o “listas” es una política que ha estado en vigor durante más de un siglo en muchos países, y fue formalizada en los Estados Unidos con la Ley de Sustancias Controladas de 1970. En esta ley, las “drogas de lista” son aquelmente que tienen un alto potencial de abuso y están reguladas en función de su utilidad médica y su potencial de crear dependencia. Curiosamente, el cannabis, una droga considerada menor en comparación con otras sustancias en la lista, se clasifica en la Lista I, la categoría con las restricciones más estrictas. A pesar de su uso generalizado y su aceptación creciente, la inclusión del cannabis en esta lista se debe en gran medida a posiciones políticas y sociales históricas, en lugar de a evidencia científica sólida.

Recientemente, varios medios de comunicación han informado sobre la posibilidad de que la administración de Biden podría considerar reevaluar la clasificación del cannabis. Según CNN, Biden ha expresado su apoyo a la despenalización del cannabis y la reconsideración de su clasificación como una droga de Lista I. Asimismo, The New York Times ha comentado que la administración Biden podría tomar medidas legislativas para cambiar la clasificación del cannabis. Estos informes sugieren que hay una posibilidad creciente de que el cannabis sea reclasificado en un futuro próximo.

En los estados donde se ha legalizado el cannabis, se han observado varios beneficios sociales y económicos significativos. Según un estudio del American Journal of Public Health, la legalización del cannabis en Colorado se asoció con una disminución en las muertes relacionadas con opioides, lo que sugiere un posible beneficio para la salud pública.

Desde el punto de vista económico, la legalización del cannabis ha resultado en un crecimiento significativo en varios sectores de la economía. Un informe de New Frontier Data estima que la legalización total del cannabis a nivel federal podría generar $128.8 mil millones en impuestos y 1.63 millones de empleos en los Estados Unidos para el año 2025.

Además, la legalización ha permitido la regulación y control de la calidad del producto, lo que ha resultado en una mayor seguridad para los consumidores. Según el Journal of the American Medical Association, los programas de legalización han llevado a un aumento en el número de productos de cannabis que son probados en laboratorio antes de la venta.

Por último, la legalización del cannabis ha traído cambios importantes en el sistema legal y la justicia penal. Según el American Civil Liberties Union, la legalización ha permitido redirigir recursos policiales hacia delitos más serios y ha disminuido las desigualdades raciales en las detenciones por drogas.

Impacto de la Criminalización sobre los Consumidores de Cannabis

La criminalización del cannabis ha tenido un impacto significativo en los consumidores, generando un estigma social y creando barreras para aquellos que buscan apoyo para el uso de sustancias. Las complicaciones legales derivadas de la criminalización a menudo perpetúan un ciclo de penalización que puede afectar áreas vitales de la vida de una persona, como el empleo, la vivienda y la educación. Además, el enfoque punitivo hacia los consumidores de cannabis ha exacerbado las desigualdades raciales y socioeconómicas en el sistema de justicia penal. Es crucial reconsiderar y reformar las leyes existentes para promover una sociedad más justa y equitativa.

Según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), a pesar de que el uso de cannabis es comparable entre las diferentes razas, las personas negras tienen 3.64 veces más probabilidades de ser arrestadas por posesión de cannabis que las personas blancas. En algunos estados, la disparidad es aún mayor. En Montana, Iowa, Kentucky y Illinois, la disparidad racial en las detenciones por cannabis es de más de 7 a 1. Puedes consultar el informe completo [aquí](https://www.aclu.org/report/tale-two-countries-racially-targeted-arrests-era-marijuana-reform).

A nivel nacional, según la Oficina Federal de Prisiones, a partir de mayo de 2021, el 11.4% de las personas encarceladas en prisiones federales de los Estados Unidos están allí por delitos relacionados con drogas, y una proporción significativa de estos delitos involucra al cannabis. Puedes ver los datos aquí.

Estos datos destacan cómo la criminalización del cannabis ha contribuido a la sobrepoblación en las cárceles y prisiones, añadiendo presión a un sistema ya saturado. Además, la alta proporción de arrestos y condenas relacionadas con el cannabis en la población negra y de minorías étnicas ilustra cómo las políticas actuales perpetúan las desigualdades raciales y socioeconómicas. La reforma de estas políticas es necesaria para promover la justicia y la equidad.

Los efectos de la Ley de Drogas en Chile son insondables. Desde la criminalización de consumidores y usuarios hasta la discriminación hacia aquellos obligados a involucrarse en actividades delictivas. Hasta diciembre de 2021, había 9,649 personas imputadas o condenadas por la Ley de Drogas en las cárceles del país. Es la segunda razón más común, después de los robos comunes, representando el 16% del total. Esta problemática afecta principalmente a las mujeres, según se desprende de dos respuestas a solicitudes de transparencia realizadas por LMJ a Gendarmería el año pasado.

La documentación asegura que a finales del año pasado, había un total de 3.704 mujeres reclusas en diferentes centros penitenciarios por distintas razones. Entre estas razones se encuentran delitos como robos, con un número de 625 casos, hurtos con 138 casos, homicidios con 245 casos, entre otros. Sin embargo, es importante destacar que un grupo significativo de mujeres, específicamente 1.645, lo que representa el 44% del total de mujeres reclusas, están condenadas o imputadas bajo la Ley de Drogas. Estos datos reflejan la complejidad y diversidad de la situación carcelaria femenina en nuestro país.

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