Durante los últimos diez años, los avances en la regulación de la cannabis en Estados Unidos han sido notables, marcando un período de cambios significativos en las políticas relacionadas con esta planta. A medida que más estados han tomado la iniciativa de legalizar tanto el uso medicinal como el recreativo de la cannabis, el panorama legal y social en torno a esta sustancia ha experimentado una transformación sin precedentes. Y ahora podría aumentar ese cambio.
Según información de MJBizDaily, al menos cinco estados con programas de marihuana medicinal han compartido datos clave con los reguladores de salud de Estados Unidos como parte de la revisión de la administración Biden sobre si retirar la marihuana de la lista de drogas más peligrosas del gobierno federal.
Los datos estatales enviados a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ofrecen a los investigadores federales una mirada más amplia y profunda sobre el consumo de marihuana y su potencial médico que la mayoría de los estudios revisados por pares disponibles. Esto podría tener un impacto significativo en la revisión federal en curso de la situación del cannabis bajo la Ley de Sustancias Controladas (CSA), que actualmente es un obstáculo para la reforma federal de la marihuana, incluyendo el comercio interestatal y la reducción de impuestos.
Los estados de Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota y Utah han compartido información con los reguladores federales de salud sobre el consumo de marihuana obtenida de sus programas estatales. Los funcionarios estatales esperan que estos datos influyan en la revisión federal y abran el camino hacia una posible reducción de impuestos federales para las empresas de cannabis, un mejor acceso a servicios financieros tradicionales y la eventual legalización federal de la marihuana.
El presidente Joe Biden ordenó esta revisión el pasado otoño, y aunque el resultado final aún no está claro, existe la posibilidad de que se produzcan cambios significativos en la política federal de marihuana, lo que podría tener un impacto profundo en la industria del cannabis en Estados Unidos.
