Las fallas del plan de Biden para perdonar a usuarios del cannabis

El indulto anunciado con bombos y platillos (que nos causó mucha alegría) está dirigido sólo a ciudadanos estadounidenses o residentes legales, acusados de posesión simple a nivel federal, nada más. La cuestión es que la mayoría de los casos de posesión simple son asuntos a nivel estatal, no federal y gran parte de las personas que cumplen condenan son 'ilegales' en dicho país.

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Edwin Rubis ha cumplido más de dos décadas de una condena de 40 años en prisión federal por participar en una operación de distribución de marihuana. Teniendo en cuenta el crédito de “buen tiempo”, uno diría que con el perdón de Joe Biden podría verse beneficiado, pero está previsto que salga en libertad recién en agosto de 2032.

Rubis es uno de los cerca de 3.000 presos federales cuyas sentencias relacionadas con el cannabis no se vieron afectadas por el indulto masivo del Presidente Biden para los delitos de posesión y consumo de marihuana de bajo nivel. De hecho, es uno de los casos que cientos de personas fueron a pedir que se revisara, realizando protestas frente a la Casa Blanca.

La proclamación de Biden del 6 de octubre sólo se aplicaba a los ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes condenados por simple posesión de marihuana en virtud de la Ley de Sustancias Controladas o del Código del Distrito de Columbia, ninguno de los cuales seguiría encarcelado. Aunque sus indultos podrían beneficiar a unas 10.000 personas, eso representa sólo un porcentaje de todos los casos de posesión simple, que normalmente se imputan con arreglo a la ley estatal. Y la acción de Biden no liberará a un solo preso federal.

Según un informe de 2021 de Recidiviz, “más de 3.000 personas están actualmente cumpliendo sentencias relacionadas con la marihuana en una prisión federal”. El informe estimó que poner fin a la prohibición federal de la marihuana -una medida a la que Biden se ha resistido firmemente– reduciría la población carcelaria federal en más de 2.800 personas en cinco años.

“Su reciente orden ejecutiva, si bien es un gran primer paso, no hace nada por los miles de presos federales por cannabis que actualmente están encarcelados en prisiones federales”, señalaron 16 grupos de reforma de la política de drogas en una carta enviada el 10 de octubre al presidente Biden. “Aunque su reciente orden ejecutiva ayudará a muchos, no liberará ni a uno solo de los casi 2.800 presos federales por cannabis”.

Y es que se le está acusando a Biden de manejar la situación de la cannabis con dos puntos de vista, dejando a los presos encerrados y sus declaraciones sobre que la hierba no debe ser tratada como un delito. En concreto, dijo el 6 de octubre que la posesión no debería ser un delito, pero ¿a nivel federal sí?

En realidad se está perdiendo en un bosque, porque hacer que la posesión sea admisible no hace nada para acabar con la fuerte persecución de los cultivadores, distribuidores y personas de la otrora cadena de suministro ilegal que son encerrados con penas de prisión inquietantemente largas. Edwin Rubis vendía cannabis, un dealer como se le conoce. Un trabajo que hoy es legal en gran parte de los Estados.

El Washington Post señala que Rubis, que nació en El Salvador y emigró a Estados Unidos con su familia cuando era niño, “ha obtenido tres títulos, incluido un máster en asesoramiento cristiano, y está trabajando en su doctorado, ha sido mentor de otros encarcelados, ha trabajado como empleado de una biblioteca jurídica y como asistente dental, y ha dirigido estudios bíblicos cristianos”. Se ha ganado el apoyo del personal de la prisión, incluido el director de una unidad, el capellán del personal y un supervisor de la biblioteca, que escribieron cartas presentadas en una moción judicial para reducir la sentencia de Rubis, describiendo cómo Rubis es amable y paciente, tiene una actitud positiva y se dedica a mejorar su vida y la de los demás”.

Rubis, en resumen, ha mostrado todos los signos de la “rehabilitación” que ocasionalmente hace que los presos federales obtengan clemencia. Pero ese enfoque supone que, para empezar, fue justo encarcelarlo por una conducta que no violaba los derechos de nadie, una conducta que ha convertido a muchas otras personas en empresarios exitosos y respetados a medida que la prohibición de la marihuana se ha ido desmoronando en un estado tras otro.

En lo que respecta a los consumidores de cannabis -los que poseen la planta-, Biden cree que un indulto general es apropiado. Sin embargo, cuando se trata de las personas que suministran la planta a esos consumidores, traza una línea divisoria, insistiendo en las evaluaciones individuales que requieren pasar por un sistema atascado que rara vez lleva a los infractores a un alivio.

The Last Prisoner Project, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en la reforma de la justicia penal del cannabis y que presionó a la Casa Blanca sobre este tema, ha estimado que hay aproximadamente 2.800 personas en la prisión federal debido a condenas relacionadas con la marihuana, una estadística que, según la organización, proviene de un informe de 2021 de Recidiviz, una organización sin ánimo de lucro que utiliza la tecnología y los datos para construir herramientas para la reforma de la justicia penal.

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