INDH se querella por malos tratos contra usuaria de cannabis medicinal

Nunca antes el Instituto Nacional de Derechos Humanos había participado en el caso de abuso a una usuario de marihuana medicinal. Eso hasta la semana pasada, cuando presentó una querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito consumado de vejación injusta o abusos contra particulares, por el caso de extrema vulneración de derechos de una usuaria medicinal de cannabis.

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Las policías en Chile continúan la criminalización de consumidores de drogas, especialmente la marihuana medicinal, justificando las políticas de un gobierno que no ha avanzado en su guerra contra las drogas. Eso tras las denuncias de la Fundación Daya que hablan de una persecución de pacientes y consumidores en general de cannabis en el país, y que se ha visto aumentado en el último tiempo. Algo que llamó la atención del Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno y que lo llevó a querellarse en contra de los vejámenes que sufrió una usuaria de cannabis medicinal en Chillán.

Se trata del caso de Rosa Salazar, de 55 años de edad, con fibromialgia y una hija con discapacidad mental y física. Estuvo esposada en el calabozo durante cinco horas. Rosa es conocida en la zona porque desde hace años vende frutos secos en un carrito afuera de un supermercado del centro de la ciudad, siempre acompañada de su hija Camila del Pozo, con discapacidad total debido a una asfixia en el parto. La joven que tiene 33 años pero se ve como una niña, también es paciente de Fundación Daya Chillán, usa aceite de cannabis para la epilepsia que sufre. Hay que darle de comer, mudarla y puede caminar sólo con asistencia.

En mi calidad de mandatario judicial del Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, vengo en deducir querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito consumado de vejación injusta o abusos contra particulares”, dice el documento.

Según el escrito, las policías comenzaron a denigrarla mediante comentarios agresivos y descalificatorios, como que su enfermedad no existía y que era un invento de la Fundación Daya. Incluso, en un momento la hicieron sentir como traficante de drogas delante de su hija, la también víctima, preguntando por “los paquetitos para vender”. No obstante, en el procedimiento no se encontró ninguna evidencia adicional que hiciera suponer algún posible tráfico ilícito drogas en el domicilio.

Las recetas médicas de nada sirvieron y los policías se llevaron detenida a Salazar y dejaron sola a su hija, sin dar la oportunidad de encontrar a alguien que se pudiera hacer cargo por su dependencia casi total.

“Yo sé que no tengo que dejar entrar a los policías sin una orden porque no corresponde pero me amenazaron, cuando les pedí la orden me dijeron ‘¡Ah, eres chorita! ¿Quieres que volvamos con los perros?’. Estuvieron una hora dando vuelta la casa, revisaron todos los cajones, todas las habitaciones, decían ‘¡¿Dónde están los paquetitos?!’ Yo les decía que no había nada, les mostraba las recetas médicas mías y de mi hija, todos los antecedentes médicos, ellos veían a mi hija inmóvil y aterrada en su cama… arrancaron mis plantas de los maceteros, se llevaron mi indoor y me llevaron detenida. Me sacaron esposada con todos mis vecinos mirando”, cuenta esta madre soltera.

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