Seun Adedeji de 27 años es uno de los empresarios negros que están presionando por una parte del gigantesco pozo de dinero que se ha transformado la industria de marihuana legal dominada por las grandes empresas.
En el interior de Massachusetts, Adedeji trabaja con una multitud muy motivada, tipo evangélicos en esteroides. “Estamos aquí para medicarlos y elevarlos“, dice a Bloomberg Adedeji en el medio de la gran inauguración de su tienda, en un edificio de ladrillo de baja altura que solía ser una gasolinera en la antigua ciudad molinera de Athol, con una población de 12.000 habitantes.
Su camino no fue fácil. Así lo cuenta él mismo, quien ve con orgullo todo el recorrido. A los 13 años fue arrestado por vender marihuana y su registro como infractor de drogas lo ha dejado fuera de toda posibilidad de trabajo muchas veces.
A los 5 años, emigró con su familia desde Lagos, Nigeria. Creciendo en el South Side de Chicago, se metió en peleas y fue expulsado de la escuela. Nunca olvida cuando le tomaron las huellas dactilares después de su arresto por vender marihuana en la escuela secundaria. “Sentí que mi vida se había acabado”, dice.
Los cargos fueron retirados y él intentó cambiar su rumbo, aunque las oportunidades no eran muchas. Después de la secundaria, se mudó a la Costa Oeste de Estados Unidos. Dentro de sus posibilidades pudo desenvolverse vendiendo teléfonos celulares. Eso hasta 2017, cuando abrió su primer dispensario de marihuana en Eugene, Oregón, que aún dirige. Cuando quiso abrir un segundo, eligió Massachusetts porque tenía un mercado menos saturado. Se mudó a Boston y obtuvo licencias para operar tres dispensarios en el estado, el primero en Athol, donde pagó sólo 50.000 dólares para comprar la antigua gasolinera.
Adedeji es uno de los beneficiados del programa de equidad social para los negocios de la marihuana. Massachusetts e Illinois, así como Oakland y Los Ángeles, son algunos de los Estados que han puesto en marcha estos beneficios para minorías étnicas y personas con registros de criminales relacionados a droga (especialmente consumo). Es una manera de devolver la mano a quienes vieron afectadas sus vidas por los efectos de la guerra contra las drogas.
La ayuda puede incluir entrenamiento, descansos en los cargos regulatorios y prioridad en la concesión de licencias y préstamos. “Ninguno de estos programas ha sido un éxito inmediato y rotundo” debido a los desafíos que enfrentan los negocios en desventaja, dice Shaleen Title, quien ocupa el puesto de equidad social en la Comisión de Control de Cannabis de Massachusetts. Y la principal barrera es el dinero. Abrir un dispensario suele costar entre 500.000 y 1,5 millones de dólares y los préstamos bancarios no son una opción, porque el gobierno federal todavía considera la marihuana ilegal y por lo tanto los bancos también. Las personas más ricas tienen acceso a redes de familiares y amigos, e incluso a capital privado, para eliminar a los desfavorecidos.
Algunos opositores a la legalización descartan el discurso de la equidad social como una oportunidad para continuar por este camino. Kevin Sabet, un asesor en políticas de drogas de la administración Obama, dice que las grandes corporaciones terminarán cosechando las recompensas de la legalización, mientras que los vecindarios pobres cargan con el costo de aumentar el uso de la marihuana. “Es dinero colgante frente a comunidades que merecen oportunidades más ricas”, dice Sabet, presidente de Smart Approaches to Marijuana, que apoya la despenalización, en lugar de la comercialización.
La Asociación de Negocios de Cannabis Minoritarios estima que sólo 200 de los más de 7.000 dispensarios autorizados de la nación son propiedad de minorías étnicas.
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