En un fallo histórico, la Corte Suprema de Chile ha sentado un precedente en la lucha contra la criminalización de la cannabis al revocar una sentencia que negaba la residencia temporal a una ciudadana estadounidense debido a antecedentes penales por porte de marihuana. El máximo tribunal consideró que la decisión anterior “carece de razonabilidad y proporcionalidad”, abriendo así una puerta a la reparación para quienes han sido injustamente castigados por leyes represivas y desactualizadas.
El caso, que fue destacado en El Mercurio Legal, involucra a una mujer estadounidense que, a pesar de estar casada con un ciudadano chileno y tener un arraigo familiar en el país, se le negó la residencia y se le prohibió el ingreso a Chile por cinco años debido a una causa del año 2005 por porte de marihuana. La Corte Suprema, en su análisis, reconoció que la mujer se encuentra actualmente tramitando la eliminación de antecedentes penales en su país de origen, donde el porte de marihuana ya no es considerado delito.
Este fallo marca un hito en la jurisprudencia chilena, al evidenciar una creciente comprensión del impacto negativo de la criminalización de la cannabis y la necesidad de una reforma legislativa. La Corte Suprema, con su decisión, no solo ha hecho justicia en un caso particular, sino que también ha enviado un mensaje claro al poder legislativo sobre la urgencia de adecuar las leyes a la realidad social y científica actual.
La cannabis en Chile: un camino hacia la regulación
La legislación sobre la cannabis en Chile se encuentra en una etapa de transición. Si bien el consumo personal y el autocultivo están despenalizados, la venta y el cultivo a gran escala siguen siendo ilegales. Esta situación ha generado un mercado negro que beneficia al crimen organizado y expone a los consumidores a productos de dudosa calidad. Aunque, tras la modificación de la Ley 20.000, ahora los usuarios medicinales de cannabis pueden acceder al producto, tanto cultivándolo como en establecimientos que se dedican a este tipo de mercado.
El fallo de la Corte Suprema se suma a un creciente debate sobre la necesidad de regular la cannabis en Chile, no solo para garantizar el acceso seguro a quienes la utilizan con fines medicinales o recreativos, sino también para generar nuevas oportunidades económicas y reducir los daños asociados a la prohibición.
La regulación de la cannabis permitiría al Estado controlar la producción y distribución, garantizando la calidad del producto y evitando que llegue a menores de edad. Además, se podrían generar ingresos fiscales a través de impuestos, que podrían destinarse a programas de prevención y educación.
El camino hacia la regulación de la cannabis en Chile aún es largo, pero el fallo de la Corte Suprema representa un paso importante en la dirección correcta. La justicia ha hablado, y ahora es el turno del poder legislativo de escuchar y actuar en consecuencia.
