En un escenario donde las tensiones entre las regulaciones estatales y federales sobre el cannabis han alcanzado un punto álgido, Nuevo México se encuentra en una posición particularmente única y complicada. El enfrentamiento actual destaca una operación sorprendente de la Patrulla Fronteriza y Aduanas de EE.UU. (CBP), que ha comenzado a incautar cannabis en el sur de Nuevo México, a pesar de que el estado ha legalizado tanto el uso médico como recreativo del cannabis.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha sido una defensora vocal de la legalización del cannabis, viéndola como un impulso económico significativo para el estado. Sin embargo, la reciente serie de incautaciones de cannabis por parte de la CBP, que han sumado más de $300,000 en productos con licencia estatal, ha creado una gran fricción no solo entre el estado y el gobierno federal, sino también dentro de la propia administración de Biden.
Esta discrepancia en la aplicación de la ley resalta la compleja interacción entre las leyes estatales y federales, donde el cannabis sigue siendo ilegal bajo la ley federal, a pesar de las legalizaciones estatales. La CBP opera bajo mandato federal y tiene la autoridad para incautar cualquier sustancia controlada ilegal, incluido el cannabis con más de 0.3% de THC, en zonas designadas que se extienden hasta 100 millas dentro de Estados Unidos desde cualquier frontera. Este poder se extiende a pesar de las regulaciones estatales que permiten el uso de cannabis.
Además, el conflicto se ve agravado por el hecho de que, aunque el Departamento de Justicia ha limitado su capacidad para actuar contra las empresas de cannabis médico que son legales según las leyes estatales, CBP no está restringido por esta enmienda y puede operar bajo las directrices del Departamento de Seguridad Nacional. Esta situación ha provocado llamadas y discusiones entre la gobernadora Lujan Grisham y altos funcionarios federales, en las cuales ha expresado su frustración y se ha sentido “encerrada” por las políticas federales que afectan directamente a su estado.
La tensión también ha llevado a los productores de cannabis del sur de Nuevo México a considerar métodos alternativos para transportar sus productos, incluyendo el uso potencial de drones para mover pequeñas cantidades de cannabis para pruebas estatales, evitando así los puntos de control de la CBP. Esta situación subraya la continua evolución y los desafíos del panorama legal del cannabis en los Estados Unidos, especialmente en áreas donde las jurisdicciones federales y estatales se superponen y a menudo chocan.
Fuente de información: POLITICO
