La semana pasada se aprobó en el Senado un proyecto de ley para legalizar el cannabis en Colombia. El objetivo principal de poner fin a la guerra contra el cannabis está directamente relacionado con la lucha contra el crimen organizado y las actividades ilícitas, así como con la superpoblación de las cárceles. La senadora María José Pizarro, impulsora de la legislación, escribió en un artículo de opinión el mes pasado que la actual prohibición del cannabis “ha enriquecido a organizaciones criminales que continúan expandiéndose y sembrando el terror en todo el mundo”.
“Paralelamente, un porcentaje significativo del aumento de la población privada de libertad en el mundo corresponde a personas detenidas o procesadas por posesión y consumo, lo que ha generado hacinamiento y una crisis carcelaria”, añadió.
La enmienda constitucional pasó por la Cámara de Representantes el mes pasado antes de ser aprobada en la Comisión Primera del Senado por 15 votos a favor y 4 en contra. Se trata de la séptima de las ocho votaciones necesarias para que el proyecto de ley llegue a la mesa del Presidente progresista de Colombia, Gustavo Petro. Tras su último éxito, la legislación pasa al pleno del Senado, donde debería votarse el 16 de junio.
Aunque Petro no se ha pronunciado directamente sobre su opinión acerca de la legislación, los defensores del proyecto de ley se muestran esperanzados, ya que Petro ha apoyado la legalización de la legislación desde su toma de posesión en agosto, pronunciándose históricamente en contra del horror que puede suponer la prohibición, en particular el poder que otorga a los peligrosos mercados ilícitos.
El año pasado se dirigió a la ONU para instar a otros países a cambiar su enfoque de la política de drogas. El presidente habla a menudo de la necesidad de liberar a las personas encarceladas por cargos relacionados con el cannabis. Petro también habló de cómo un mercado legal de cannabis podría nutrir la economía colombiana. Señaló que las ciudades más pequeñas, como los Andes, podrían disfrutar potencialmente de una industria legal del cannabis sin requisitos de licencia. Petro también está abierto a la creación de un negocio de exportación para que Colombia pueda vender a otras naciones legales.
Debido a que el proyecto de ley es una propuesta de enmienda constitucional, según la ley colombiana, debe pasar por todo el proceso legislativo en cada cámara dos veces, en diferentes años naturales, para finalmente ser aprobado y entrar en vigor. Si se aprueba, la enmienda apoyará “el derecho al libre desarrollo de la personalidad, permitiendo a los ciudadanos decidir sobre el consumo de cannabis en un marco legal regulado”, reza el texto. También pretende reducir el “trato arbitrario discriminatorio o desigual frente a la población consumidora”. Incluiría centros de tratamiento para quienes padecen trastornos por consumo de sustancias y realizaría campañas de educación pública.
Juan Carlos Losada dijo al diario El País de España que “la regulación del mercado de marihuana puede ayudar a disminuir el consumo de los menores de edad”. El congresista liberal promueve una reforma constitucional para legalizar la compraventa de cannabis recreativo de uso adulto que será debatida este martes en el Senado.
Un nuevo camino
La regulación del cannabis podría derivar, en primer lugar, en la consolidación de una industria que, para 2030, promete la creación de 17 puestos de trabajo por hectárea de marihuana, además de ingresos anuales para el país por más de 400 millones de dólares.
Para los autores y ponentes, sin embargo, lo más importante es resaltar que la ley podría propiciar el consumo responsable de sustancias ilícitas. El proyecto de ley incluye una serie de obligaciones alrededor de la educación por el consumo informado de esta sustancia, además de la estructuración de planes de atención medicinales que será liderado por el Ministerio de Salud.
El senador Humberto de la Calle, quien votó a favor del proyecto, aseguró que es hora de dejar de estigmatizar a una planta que ha acompañado a la humanidad milenariamente. A su vez, la senadora Maria José Pizarro aseguró que, aunque el porte, consumo y cultivo ya está regulado, lo que se desea con esta ley es quitarles la posibilidad de venta a los grupos ilegales y así debilitar las estructuras del narcotráfico.
En contraposición, los senadores que se opusieron insistieron en que habilitar esta ley estimularía el consumo desmedido de la marihuana, haciendo que todos los jóvenes del país se hagan adictos. La senadora Maria Fernanda Cabal describió como “un pesar” la distorsión de la realidad que se vive en la actualidad: pensar que los adictos a las drogas están en lo correcto.
Los detractores aseguraron que la ley puede abrirles las puertas a los jóvenes a otras drogas, principalmente a la cocaína. El senador Germán Blanco, del Partido Conservador, dijo que, si se trataba de desescalar la guerra contra las drogas, era necesario empezar a regular la cocaína y aseguró que sabía que eso no era lo que quería el país.
Otro opositor fue el senador JotaPe Hernández, de la Alianza Verde, quien aseguró que esta ley era innecesaria pues lo que se regulaba con ella era el negocio, lo cual no favorecía a los consumidores, pues la mayoría de quienes consumen o consumieron en algún momento, lo hicieron simplemente por curiosidad y no por sus principios.
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