Rachel Machado: “En Brasil, no hay forma de pensar en combatir el racismo, garantizar derechos y ciudadanía sin hablar de política de drogas”

Brasil, como gran parte de Latinoamérica, vive momentos claves en su política, economía y regulación de drogas. En las semanas que vienen los candidatos presidenciales, que se enfrentarán el próximo 30 de octubre en la segunda vuelta presidencial, mostrarán sus cartas frente estas temáticas. Y si bien se ha dicho poco frente a la cannabis, sí existe una diferencia clave entre ambas coaliciones: Jair Bolsonaro aboga por más criminalización versus Lula da Silva que ha dicho tener una posición de salubridad sobre el consumo de hierba.

“El uso de la marihuana medicinal está lejos de recibir la atención que merece por parte del gobierno de Bolsonaro“, dice Rachel Machado, magíster en Ciencias Sociales en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, “niega las evidencias científicas y apuesta a los reveses. Sin embargo, existen colectivos y grupos de activistas y algunos representantes en el poder legislativo, muy comprometidos con esta agenda, que buscan constantemente avances en cuanto a la reducción de la burocracia para los pacientes que necesitan consumir cannabis y ampliar el acceso a estos tratamientos”, ahonda Machado quien es parte del proyecto “Drogas: Cuánto cuesta prohibirlas” del Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC).

Actualmente, Brasil tiene una de las políticas más duras y militarizadas del continente para “combatir” las drogas. No importa la razón de tu consumo, el Estado criminalizará tu consumo de drogas, incluida la marihuana. Criminalización de los usuarios, siempre y cuando no sean personas blancas y ricas, residentes en las zonas “nobles” de las ciudades. Como en muchas ciudades del mundo donde la marihuana es ilegal, existe el factor de discriminación al momento de aplicar las legislaciones prohibitivas, abriéndose a mayor segregación, racismo y criminalización.

“En Brasil, no hay forma de pensar en combatir el racismo, garantizar derechos y ciudadanía sin hablar de política de drogas. Esto se debe a que la forma en que el Estado brasileño decidió enfrentar la Ley que prohíbe el uso de ciertas sustancias (Ley 11.343/2006), que criminaliza los territorios más pobres de las ciudades”, asegura a LMJ Machado.

Machado nos entrega la última encuesta divulgada por “Drogas: Cuánto cuesta prohibirlas”, donde ella trabajó como coordinadora, que muestra que los estudiantes de la red de educación municipal de Río de Janeiro que estudian en escuelas expuestas a una intensa rutina de operaciones policiales, tienen una reducción de cerca del 60% de la aprendizaje esperado durante un año en lengua portuguesa y pierden todo el aprendizaje esperado para matemáticas. 

Pregunta: ¿Cómo se puede ejemplificar esto?

Específicamente, en Río de Janeiro, esto lleva a operaciones policiales rutinarias con la justificación de combatir el tráfico, pero que, de hecho, no reducen la circulación, el consumo o la venta de estas sustancias. Por otro lado, provocan pánico, violencia y la muerte de los habitantes de las favelas. Estos residentes son en su mayoría negros, que ya sufren una serie de ausencias de las políticas públicas y tienen la acción permanente del Estado a través de violencia.

P: ¿Cuán necesario es regular la cannabis en América Latina?

La despenalización y regulación de las drogas para América Latina implica el reconocimiento de la ciudadanía de los usuarios, ya sean estos usos recreativos en adultos, medicinales o problemáticos. Esta ciudadanía a menudo se niega por motivos de criminalización y/o patologización de las personas. Esto significa que estos usuarios no tienen acceso a sus derechos, a posibles estructuras de albergue y reducción de daños, redes de atención adecuadas que garanticen la salud y la vida de estas personas.

P: ¿Hay un sesgo en la aplicación de estas leyes prohibitivas?

Las poblaciones transexuales, negras, indígenas y mujeres son más vulnerables y por lo tanto han estado más expuestos a la violencia. Ante ello, la despenalización y regulación de las drogas en general debe darse junto con otras medidas sociales para garantizar el acceso de estas poblaciones a sus derechos; y el respeto por la existencia de estas poblaciones marginadas, que son directamente afectadas.

P: ¿Cuáles han sido los principales efectos de esta “lucha” contra las drogas?

La Ley de Drogas de Brasil (11.343/2006) ha tenido un gran impacto en el sistema penitenciario, porque no define qué cantidad de sustancia debe ser considerada como tráfico, por lo tanto, corresponde a la policía definir quién es usuario y quién es traficante. En la práctica, esto vuelve a perpetrar racismo, cuando el perfil de las personas más involucradas en el delito de narcotráfico son los jóvenes negros que viven en las favelas. En las cárceles se fortalecen las organizaciones del narcotráfico, ya que los jóvenes detenidos, la mayoría de las veces, con una pequeña cantidad de sustancia, sin portar armas ni tener ninguna vinculación con organizaciones, ven negados sus derechos y muchas veces se unen a facciones para garantizar su supervivencia.

P: ¿Cómo se puede ver este fortalecimiento del narco?

Este fortalecimiento se refleja fuera de las prisiones. Las facciones tienen como objetivo mantener el control de los territorios y la venta de drogas, entrando en conflicto entre sí y con varios otros agentes, imponiendo una rutina de violencia armada a la población que vive en estos territorios. El Estado que debe garantizar la seguridad actúa de manera bélica, o de manera formal en operativos policiales, o haciendo la vista gorda ante la corrupción de sus propios agentes que se asocian con distintos grupos criminales. Quien más sufre de todo esto es la población marginal y periférica, en su mayoría negra.