Regular el cannabis podría mejorar nuestra protección social

Pareciera existir un acuerdo académico y social en que, para ser un aporte importante para aumentar la protección social y con ello disminuir las desigualdades existentes en Chile, es necesario ampliar las fuentes de ingreso permanentes que tiene el Estado.

De hecho, y sólo a modo de ejemplo, en una investigación realizada por Jorrat y Martner, proponen una serie de medidas para alcanzar aquello: Reforma al IVA, Reforma al impuesto a la renta, impuesto a los súper ricos y una reforma administrativa enfocada principalmente a reducir la evasión. Se estima que estas medidas, en conjunto, logren recaudar aproximadamente 7% del PIB.

Adicional a estas reformas, más que necesarias para converger a las tasas de carga tributaria similares de los países de la OCDE, y que son las que permiten financiar las políticas sociales, se deben considerar también nuevas fuentes de financiamiento. Una de estas nuevas fuentes se puede obtener de la regulación de la industria del cannabis en Chile, que tiene el potencial de la industria del vino chileno; se estima que una regulación integral puede llegar a recaudar entre 0,3 y 0,8% del PIB.

Para dimensionar, estos niveles son similares a lo que se recauda hoy en día en impuestos a las bebidas y bienes suntuarios, o a los cigarrillos (0,22 y 0,51 en 2018 respectivamente), según información pública en Dipres.

Este tipo de impuesto a la industria del cannabis tiene un triple propósito. Por un lado, es correctivo dado que compensa la caída en el precio del producto en el marco de una regulación, evitando así aumentos significativos en la demanda al mantener un precio alto (y competitivo con respecto al mercado ilícito). Y por otro lado, es altamente recaudador, debido a la alta inelasticidad con la que cuenta este tipo de productos. Por último, es distributivo entendiendo que hoy es un producto transado completamente en el mercado ilegal, por lo que parte importante de esos recursos pasarían al Estado.

La regulación en sí misma tiene otros impactos en el presupuesto fiscal en términos de la reasignación de recursos. Por ejemplo, los gastos que conlleva la persecución y la consecuente criminalización de usuarios tanto en términos económicos (policías, sistema judicial y el costo de oportunidad de todo el sistema), como sociales (encarcelamiento, inserción laboral, estigma social) son una carga considerable para el Estado.

Este tipo de impuesto no es novedad. No solo por su utilización en otras industrias “similares” como el alcohol, el tabaco, bebidas azucaradas o los juegos de azar. Estos ya se vienen implementando hace años en varios estados de Estados Unidos (Colorado, California, Washington y Oregón son los más experimentados), y también en Canadá (2018).

Ambos países tienen tasas de consumo de cannabis similares a las de Chile (UNODC, 2018). La experiencia de estos países en esta materia ha demostrado que los usuarios prefieren un mercado regulado y con impuestos por sobre un mercado ilegal. En otras palabras, los usuarios valoran acceder al cannabis (flor y productos derivados) en el mercado formal, aunque exista un impuesto que eleve el precio de estos productos.

En el caso de Canadá, la proporción del mercado ilícito ha disminuido fuertemente tras la legalización en 2018. A pesar de que existe una notoria diferencia en el precio, en 2020 la participación del comercio legal de cannabis llegó a 46%, pasando de un 29% del primer año.

Parte importante de estos recursos han sido utilizados en lo siguiente: Aumento del presupuesto público en educación (construcción de escuelas, programas de prevención en consumo de drogas), infraestructura en salud (equipamientos y salas de atención a pacientes). Pero no todo es más ingresos, la regulación también se ha traducido en menor gasto del Estado asociado al tratamiento de pacientes con problemas mentales. Además de las ya mencionadas reasignaciones económicas y sociales.

Lamentablemente, cuando se habla de “legalizar la marihuana” en Chile, la discusión se ha centrado en los daños y costos del consumo, pero poco se ha hablado del potencial de la industria junto con los beneficios que esta traería a la economía nacional o las vidas que se pueden mejorar. Una regulación integral considera una serie de medidas que permiten alinear los criterios de protección de la Salud pública, los derechos fundamentales de los ciudadanos/ciudadanas, y el desarrollo de una industria, cuyo potencial económico promete ser gigantesco.

Mijail Villagra es Ingeniero Comercial, mención Economía y Master International in Development Economics en la Universidad de Ciencias Aplicadas (HTW) de Berlin. Es Director de estudios de Fundación Eutopia. Además está terminando el Magíster en Análisis Económico de la Universidad de Chile.