Despenalización social de la marihuana: la piedra angular del nuevo paradigma

Las leyes sirven poco si la sociedad no las sigue. Eso está pasando hoy con la marihuana, donde existe una ley ambigüa y una población que cada vez consume más.

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Es evidente que en los últimos años la percepción de la sociedad chilena frente a tópicos complejos, en cuanto son relativos a la vida privada, ha cambiado. Esta apertura, que comenzó tímidamente al principio de la transición y que hoy es total, ha visibilizado historias y problemáticas que dan cuenta de una población diversa que expone sus demandas y exige sus derechos. La frase “lo personal es político”, acuñada por la feminista radical estadounidense Carol Hanisch, refleja a la perfección lo anterior: a través de la experiencia propia se pueden lograr cambios colectivos; cambios que, en algunos casos, se traducen en la humanización de conductas que históricamente fueron penalizadas, legal y socialmente, siendo el consumo de marihuana una de ellas.

La generación noventera creció con los comerciales de Don Graf, un perro detective que alertaba a niñas y niños sobre el consumo de sustancias ilícitas a través del miedo y la catástrofe. El spot aparecía constantemente por radio y televisión, mientras que carteles con su cara decoraban las calles de las ciudades de Chile y los muros de los colegios. Hoy la situación es distinta, la “campaña del terror” hacia las drogas no cala profundamente y se atestigua una normalización.

De acuerdo a la tesis Análisis Criminológico del Delito de Microtráfico de Marihuana Bajo un Paradigma Multivectorial e Integrativo, realizada por Daniela Santidrian, la prohibición, cuyo fin apuntaba a bajar los niveles de consumo de droga, generó lo contrario y, con ello, se “aró mayor terreno para el tráfico”. Paralelamente, la investigación señala que en los últimos años ha surgido una “despenalización social de la marihuana, porque si bien la conducta sigue existiendo en la ley institucional, no existe ya como ley social”.

El discurso esgrimido por Don Graf en los 90 ya no es verosímil: quienes fuman marihuana no son víctimas de las estigmatización y criminalización, al mismo tiempo se cree que la planta no tiene punto de comparación a otras sustancias -algunas de estas legales y comercializadas en supermercados- en lo que se refiere a su toxicidad. Asimismo, las transacciones no son percibidas como delito y, de acuerdo al documento de Santidrian, “quienes son detenidos por cultivo, son considerados víctimas sociales de la contradicción”. La Ley 20.000, legislación que “sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” y que incorpora la figura del microtráfico, no penaliza el consumo personal, pero sí la compra y el cultivo. La normativa tampoco establece el gramaje exacto que constituiría un delito, dejándolo a criterio del juez.

Otro diagnóstico corresponde a los “matices” a la hora de catalogar a consumidores y vendedores, ya que al ser una droga de fácil acceso con una amplia oferta, resulta imposible establecer un perfil único o un binarismo respecto a estas figuras. Hay múltiples factores, micro y macrosociales, que pueden inducir a que alguien compre o venda THC: “amistades consumidoras o vendedoras, entorno familiar disfuncional, carencias económicas, etc.”.

Frente al escenario actual, Santidrian propone un modelo que se base en un “sistema de reducción de daños”, así como cambiar la concepción que hay detrás de la problemática de las drogas como un “asunto legal”. “Necesitamos prestaciones estatales que apunten a reducir los factores que gatillan el consumo y el tráfico. No se trata de impedir que alguien consuma. Se trata, por un lado, de propender al consumo responsable, educando a las personas desde jóvenes para que, si deciden consumir, lo hagan sabiendo las consecuencias de ello; y, por otro lado, de brindarles la ayuda necesaria en caso de que se produzca dependencia”. También se cree importante “legalizar las conductas orientadas al consumo personal”, ya que los usuarios son criminalizados al infringir la ley para la obtención de la cannabis, y la regularización del comercio de la marihuana, con el fin de que quienes no quieran tener su propio cultivo, puedan acceder a ella de forma segura.

Aunque a los ojos de muchas y muchos, lo que propone la tesis ya mencionada puede resultar de Perogrullo, lo cierto es que para muchas autoridades sigue siendo un tema tratado bajo un prisma delictual, criminalizante y sin mayor importancia. Esto quedó demostrado el pasado 5 de octubre cuando la Comisión de Salud del Senado, con tres votos en contra y dos a favor, desechó la idea de legislar el proyecto de Ley Cultivo Seguro; que se limitaba solo al uso medicinal. Los argumentos que primaron tenían que ver con la falta de información y exposiciones de autoridades competentes, habiendo tenido tres años para poder votar con el conocimiento necesario. La despenalización social de la marihuana ha supuesto un avance considerable respecto de la concepción de ésta y de quienes la usan, independientemente del fin que le den; solo queda esperar que dicho fenómeno permeé en las autoridades para contar con una legislación pertinente y ad hoc al momento que se vive y atestigua.

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