Por primera vez en contra de Carabineros, pero por tercera vez en Chile, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) se querelló por las vulneraciones sufridas por usuarios medicinales de cannabis en manos de funcionarios de las policías. La institución pública presentó una denuncia por el caso de extrema vulneración de derechos de una mujer de 61 años de Puerto Natales, su hijo y hermano, por parte de funcionarios de Carabineros durante una seguidilla de violentos allanamientos y detenciones por cultivar cannabis.
La pesadilla de esta familia comenzó tras un incendio en su casa en abril del 2020, donde Bomberos avistó un kit de cultivo en interior y avisó a Carabineros. Los detuvieron a los tres sin considerar el shock que estaban viviendo al ver quemarse su vivienda. Desde ese momento han sufrido hostigamientos, y dos nuevos allanamientos y detenciones en manos de las Fuerzas de Orden y Seguridad. La abogada del INDH, Marlys Saldivia, presentó el 28 de abril recién pasado una denuncia en Fiscalía contra Funcionarios de Carabineros de Puerto Natales y quienes resulten responsables.
“Como familia, no queremos más invasiones policiales a nuestros hogares. No queremos más detenciones ilegales. No queremos más violencia policial, ni de la fiscalía. Creemos que la fiscal Lorena Carrasco ha tornado esta causa en una persecución que ha dado lugar al hostigamiento policial, vulnerando nuestros Derechos Humanos y todo esto ha implicado un detrimento en nuestra salud física y mental. Sumado a esto, nuestras figuras públicas han sido expuestas, como si fuéramos sociópatas o narcotraficantes. Esto, además en un pueblo pequeño, como es Puerto Natales, donde cualquier noticia se propaga rápidamente y da lugar a especulaciones mal intencionadas, todo lo cual afecta nuestra imagen como empresa dedicada al comercio”, se lee en la denuncia del INDH presentada en favor de Vivian Strauss Muñoz, Hugo Jeria Strauss y Mario Jeria Strauss.
Los tres miembros de la familia son usuarios medicinales de Cannabis y cuentan con sus respectivas recetas médicas. Vivian es una conocida comerciante de la zona, durante más de 30 años ha abastecido con su distribuidora a los almacenes de Punta Arenas, Natales y Porvenir. Ninguno tiene antecedentes penales. Vivian padece de múltiples dolencias físicas y psicológicas crónicas. Entre ellas: Síndrome de Sjögren, Colangitis Aguda, Hipomagnesemia, Osteoporosis, Mialgia Lumbar izquierda, Hernia Abdominal, además de ser vomitadora crónica. Con el uso de aceite de cannabis mejoraba su ánimo, apetito, afectividad y conciliación del sueño, además significaban una gran disminución de los padecimientos físicos.
“Además Vivian está en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Ha padecido muchísimo con la violencia policial y judicial a la que ha estado sometida. Ha bajado más de 6 kilos en el transcurso de aproximadamente un mes y medio”, dice el documento oficial.
Casos similares se han vivido en otras latitudes del país, donde familias que acuden a la cannabis como una solución de salud se ven criminalizadas por el sistema. Específicamente, la persecución de la Fiscalía y ambas policías a su disposición. A modo de ejemplo, la segunda querella por el delito de vejación injusta, contra Camila Barra (26 años) tras un ingreso de la Policía de Investigaciones (PDI) a su casa.
En esa ocasión, la policía llegó sin ninguna orden judicial, entró al domicilio tras una denuncia anónima que indicaba la presencia de plantas de marihuana. Pese a exhibir una receta médica para el uso de cannabis con fines medicinales, extendida por un médico de la Fundación Daya de Chillán, sufrió vejaciones injustas por parte de los funcionarios.
Camila estuvo esposada por casi 24 horas. Primero una silla durante el procedimiento en su hogar (10 am), situación que la llevó a tener un episodio relacionado a su enfermedad mental, que la dejó en el Hospital Regional. Sin quedar satisfechos, la policía la dejó esposada a la camilla hasta su formalización (12 horas del día siguiente).
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