Otra querella del INDH por tratos vejatorios a usuaria de cannabis medicinal

El Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha hecho parte de dos querellas criminales en contra de quienes resulten responsables por los malos tratos perpetrados por la Policía de Investigaciones en contra de pacientes de cannabis medicinal. A una la tuvieron esposada por casi 24 horas.

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Hoy en la mañana informábamos de una querella criminal por los malos tratos a una usuaria de cannabis medicinal y su hija en Chillán. En esa misma ciudad se confirmó una segunda querella por el delito de vejación injusta, contra Camila Barra (26 años) tras un ingreso de la Policía de Investigaciones (PDI) a su casa.

La policía, que llegó sin ninguna orden judicial, entró al domicilio tras una denuncia anónima que indicaba la presencia de plantas de marihuana. Pese a exhibir una receta médica para el uso de cannabis con fines medicinales, extendida por un médico de la Fundación Daya de Chillán, sufrió vejaciones injustas por parte de los funcionarios.

Camila estuvo esposada por casi 24 horas. Primero una silla durante el procedimiento en su hogar (10 am), situación que la llevó a tener un episodio relacionado a su enfermedad mental, que la dejó en el Hospital Regional. Sin quedar satisfechos, la policía la dejó esposada a la camilla hasta su formalización (12 horas del día siguiente).

Las vejaciones injustas o abusos contra particulares, se refieren a las “humillaciones ocasionadas durante el allanamiento y posterior detención de la víctima, configuradas tanto por los indebidos comentarios agresivos y descalificatorios de la policía, así como por el esposamiento innecesario y tratos rudos a los que fue sometida, quedando excluido así de este libelo lo concerniente a la legalidad o no de la entrada y registro verificada en la morada de la ofendida”.

El jefe regional del INDH Ñuble, Daniel Concha, indicó que “los funcionarios públicos siempre deben ejercer su labor con pleno respeto a los derechos humanos de las personas y tener especial cuidado en el trato a las personas con discapacidad, ya sea en un allanamiento o en una detención. Las vejaciones injustas sufridas por tres personas en los últimos meses, dos de ellas pacientes de la Fundación Daya, fue lo que nos llevó a presentar dos querellas”.

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