La Corte Suprema mexicana extiende el plazo para que se publique una Ley de Cannabis

El máximo tribunal de México tuvo que entregar mayor plazo, porque la legislación todavía sigue entrampada en la Cámara de Diputados. Aunque ya fue aprobada en el Senado.

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La Suprema Corte de Justicia de México ha acordado nuevamente extender el plazo para que los legisladores legalizen la marihuana a nivel nacional, aún cuando la legislación de reforma aprobada por el Senado avanzó esta semana a través de al menos dos comités de la Cámara de Diputados.

Esta es sólo la última extensión que la corte ha aprobado desde que consideró inconstitucional la prohibición del uso personal y el cultivo de cannabis en 2018 y ordenó que el Congreso pusiera fin a la política. El Senado aprobó el proyecto de ley de legalización el mes pasado antes de la fecha límite del 15 de diciembre.

Pero ahora el tribunal dice que los legisladores tienen hasta el final de la próxima sesión, que comienza en febrero y termina el 30 de abril, para promulgar la reforma. Este es el cuarto plazo que el cuerpo ha impuesto. Primero fue en octubre de 2019, luego en abril de 2020, luego en diciembre de 2020 y ahora en abril de 2021.

En su solicitud de prórroga del plazo, la Presidenta de la Cámara de Representantes, Dulce María Sauri Riancho, subrayó la “complejidad de la cuestión que nos ocupa” y añadió que la pandemia del coronavirus “ha hecho difícil que el proceso legislativo” avance “con la profundidad y el cuidado” necesarios para abordar la gravedad de la cuestión del cannabis.

“Esta Cámara de Diputados se ha visto obligada a aplicar medidas extraordinarias para proteger el derecho a la salud y a la vida de los legisladores y otros funcionarios públicos”, escribió, “lo que ha afectado inevitablemente a la labor de las comisiones y de las sesiones plenarias”.

Si bien los defensores están ansiosos de que el Congreso ponga fin oficialmente a la prohibición, este nuevo retraso les dará más tiempo para tratar de convencer a los legisladores de que aborden sus preocupaciones sobre determinadas disposiciones del proyecto de ley actual, a saber, el carácter limitado de sus componentes de equidad social y las estrictas sanciones por la violación de las normas.

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