William P. Barr, Fiscal General de Estados Unidos, desaprobó la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar a agentes extranjeros en territorio mexicano, la cual ya fue aprobada en el Senado de la República.
Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que contempla la regulación de agentes extranjeros que operan en territorio mexicano. Según la propuesta se indica que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que autorice y controle las operaciones de los integrantes de agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
También contempla que no cuenten con inmunidad en caso de que cometan un delito, que los agentes extranjeros únicamente porten las armas que autorice la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y presente un informe mensual obligatorio a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Seguridad.
“Nos preocupa la legislación que actualmente se encuentra en el Congreso mexicano, lo que tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y Estados Unidos. La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente “, fue el comentario de Willian P. Barr emitido este 11 de diciembre en forma sorpresiva.
La iniciativa del presidente López Obrador fue aprobada con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, en medio de las críticas de la oposición, que han calificado la medida de “berrinche” a causa de la reciente detención en suelo estadounidense del exministro de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pero los impulsores de la Ley refieren una defensa de la soberanía.
El texto decreta que las agencias extranjeras deberán operar en México bajo un tiempo definido y previa autorización, del mismo modo que están obligadas a hacer partícipes a las autoridades mexicanas de la información que recaben en el ejercicio de sus funciones, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
A su vez, la reforma da cabida a la posibilidad de que los agentes extranjeros puedan ser sancionados penalmente bajo el marco jurídico mexicano, ya que no tendrán “ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones”, así como por infringir las disposiciones normativas que les prohíben el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades de México.
En la conferencia matutina del martes 8 de diciembre, López Obrador consideró que no existen reglas claras en relación con lo que puede hacer o no los agentes extranjeros.