Colombia quiere reactivar la economía con cannabis

La promesa de una mejora económica crece junto la industria de la cannabis en Colombia. Sin embargo, su estatus ante la Ley ve por segunda vez negada su regulación.

La industria de la cannabis está tomando fuerza en Colombia. La autorización legal para su funcionamiento atrajo a varias compañías, en su mayoría canadienses, que apuestan al cannabis medicinal colombiano, industria, que según Fedesarrollo, produciría para el país entre USD $1.532 millones y USD $3.065 millones para 2030, además de la promesa de generar 41.748 empleos, entre ellos, 26.968 en el sector agrícola.

En el caso de la empresa Avicanna, la inversión en el país asciende a los 28 millones de dólares. La operación en Colombia es de cinco hectáreas cultivadas en Bonda, en el departamento de Magdalena. La canadiense tiene la capacidad de producir 30 toneladas de planta seca al año y sostiene hasta el momento 250 empleos locales. El presidente de la compañía, Lucas Nosiglia, denunció dificultades por demoras en las autorizaciones de exportación.

Sin embargo, tiene claro el papel del sector en el plan de reactivación económica del país. “Es de señalar que el sector jugará un rol clave en la urgencia de reactivación socioeconómica. El negocio del cannabis medicinal está en posición de aportar nuevos puestos de trabajo, ampliar la matriz exportadora, incrementar el recaudo fiscal y desarrollar zonas remotas; el desafío es permitir el despegue definitivo de la industria”, señaló Nosiglia en conversación con La República.

La caída de su legalización por dos

En menos de un año, el Congreso colombiano hunde por segunda vez una de las propuestas que mayor controversia generan en el país: la regulación del consumo de marihuana con fines recreativos.

En un debate que se extendió por más de seis horas, la Plenaria de la Cámara, por amplia mayoría (102 votos contra 52), hundió la reforma que modificaba el artículo 49 de la Constitución para permitir el consumo del cannabis “como sustancia que no genera afectaciones reales a la salud y que, en consecuencia, no debería estar limitada por vía constitucional”.

La reforma establecía que el uso y el consumo serían solo para mayores de edad, en los lugares establecidos por ley.

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