Cómo la cannabis está reescribiendo la legalización de la marihuana a su beneficio

El camino para regular la marihuana a nivel nacional se abre, incluyendo oportunidades a las personas más perjudicadas por la guerra contra las drogas. Aunque las grandes empresas están haciendo todo para que eso no se cumpla totalmente.

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Foto de Sachith Ravishka Kodikara en Pexels
Foto de Sachith Ravishka Kodikara en Pexels

Es una cosa de tiempo, dicen los lobbistas estadounidenses, ante la pregunta de cuándo se legalizará la marihuana a nivel país. Claro, Estados Unidos ha logrado un avance a nivel local. De hecho, en 36 estados la marihuana medicinal es legal y en 18 de forma recreativa, de un total de 50. Regulación que para nuestros lectores no es algo nuevo, pero que hoy nos lleva al Congreso de dicho país y lo que las grandes empresas del rubro no quieren que se ejecute.

Además de los puestos de trabajo y los ingresos fiscales, una de las promesas centrales de la legalización de la marihuana es revocar las penas a quienes estén presos por consumo de cannabis. Esas reparaciones se harían con parte de los impuestos que se recaudarían con la venta de la droga, que fructuaría entre los 17.500 millones de dólares y 50.000 millones de dólares (una cifra que varía según a quién se le pregunte, pero que siempre se sitúa en muchos miles de millones). Sin embargo, ha resultado difícil encontrar una fórmula para cumplir esta promesa, especialmente con las grandes empresas.

Estas han estado en el Congreso, gastando su dinero, para impedir que esa parte de la promesa se cumpla. Los límites y altos impuestos son parte de las excusas que utilizan, todas en privado, pero cuyas intenciones se han hecho públicas tras litigaciones en algunos estados para impedir restricciones y altos impuestos.

Un método probado por los gobiernos locales de Maine y Georgia fue imponer un requisito de residencia. En virtud de las leyes iniciales de legalización de Maine, las licencias comerciales de cannabis, tanto para uso médico como para adultos, sólo podían concederse a los titulares de permisos que hubieran vivido en el estado durante un tiempo determinado.

Las leyes de residencia son malas para las grandes empresas. Como señaló el Portland Press Herald, Wellness Connection of Maine, descrita como la “mayor empresa de cannabis del estado”, demandó para anular la norma. Y el año pasado, un juez falló a favor de la empresa.

Según los registros, la empresa matriz de Wellness Connection es High Street Capital Partners. En 2018, High Street Capital Partners cambió el nombre de su empresa a Acreage Holdings. Y Acreage Holdings, una empresa que cotiza en bolsa y cuyos directivos son financieros neoyorquinos, según los registros, pero que cotiza en bolsas canadienses, es una de las mayores empresas de marihuana de Estados Unidos.

El año pasado, un tribunal de primera instancia se puso de acuerdo con la empresa y anuló el requisito de residencia para las licencias de cannabis para adultos. Un juez federal del distrito de Maine dictaminó que los requisitos de residencia violan la cláusula de comercio latente de la Constitución de Estados Unidos, que reserva al gobierno federal la facultad de regular el comercio interestatal que, aunque el cannabis interestatal es ilegal, se extiende a la marihuana.

Un revés para los gobiernos locales

Los gobiernos locales tiene su ojo frente a esta situación, en una legislación que recién se está moldando ante las regulaciones de cada lugar. Los reguladores y los defensores de la “equidad social”, el concepto de garantizar que la legalización del cannabis signifique una oportunidad económica sólo para los capitalistas de riesgo y los empresarios, en su mayoría blancos y masculinos, mientras que las personas de color y otras que han trabajado en la economía clandestina del cannabis durante años quedan fuera.

“Es el mejor plan de los ratones y los hombres”, dijo David C. Holland, un abogado neoyorquino especializado en cannabis que es cofundador de la Asociación de la Industria del Cannabis del Estado de Nueva York. El requisito de residencia “es una gran idea, pero en algún momento un tribunal va a decir que viola la cláusula de comercio latente”.

En agosto, una empresa llamada Georgia Atlas, que según los registros judiciales está afiliada a una empresa de nombre similar con sede en Illinois, demandó para anular el requisito de residencia de la Ley HOPE de Georgia, similar a la de Maine. Según un escrito presentado el mes pasado, los litigantes citaron tanto la situación en Maine como un breve esfuerzo de la ciudad de Detroit por imponer requisitos de residencia allí.

Acreage alcanzó un nivel de notoriedad en 2018 cuando la empresa contrató a John Boehner, el ex presidente republicano de la Cámara de Representantes que se había opuesto sistemáticamente a la reforma del cannabis mientras era uno de los legisladores más poderosos de Washington, como miembro de la junta directiva y portavoz. Pero Acreage lograría aún más notoriedad si la empresa y sus filiales logran anular por completo los requisitos de residencia de Maine.

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