Miles de inmigrantes que trabajan en las granjas ilegales de marihuana del sur de Oregón que, según las autoridades, están dirigidas por cárteles extranjeros, viven en condiciones miserables y a veces son engañados y amenazados por sus jefes.
La situación se ha agravado tanto en esta región, mayoritariamente rural y cercana a la frontera con California, en medio de un aumento de los delitos violentos y del robo de agua para las operaciones de cultivo durante una grave sequía, que los condados de Jackson y Douglas declararon el mes pasado el estado de emergencia.
Solicitaron financiación estatal y otros recursos, incluido el despliegue de la Guardia Nacional, para hacer cumplir adecuadamente las leyes sobre el cannabis.
El jueves, los comisionados del vecino condado de Josephine dijeron que están preparando su propia declaración de emergencia. Un borrador del documento cita “violaciones desenfrenadas de los códigos del condado, de las leyes estatales sobre el agua y de las leyes penales”. Anteriormente escribieron una carta al presidente del Senado de Oregón diciendo que el condado está experimentando “un trágico aumento de la narcoesclavitud”.
Una portavoz de la gobernadora demócrata Kate Brown, Elizabeth Merah, ha dicho que no hay planes inmediatos de desplegar la Guardia Nacional.
Muchas de las granjas ilegales de marihuana de la zona operan bajo la apariencia de ser granjas legales de cáñamo, pero los cultivos que realizan tienen cantidades de THC -el componente que da a la hierba su efecto- muy por encima de los niveles legales permitidos para el cáñamo.
Y algunos gerentes de las operaciones ilegales se niegan a pagar a los trabajadores y los han amenazado con violencia si acuden a las autoridades o intentan renunciar, según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y un grupo que aboga por los derechos de los migrantes y los trabajadores agrícolas.
“Hemos tenido varios casos en el condado de Josephine, en los que se les amenazó con pistolas en la cabeza: ‘Si se lo decís a alguien, vamos a hacer daño a vuestra familia en México’ o ‘os vamos a disparar‘”, dijo Kathy Keesee-Morales, codirectora de Unete, un grupo de defensa de los inmigrantes y los trabajadores agrícolas con sede en Medford, Oregón.
Algunos de los trabajadores que dicen haber sido engañados se han puesto en contacto con Unete, que ha tratado de ayudar llamando a los gerentes de las granjas de marihuana y advirtiéndoles que podrían enfrentarse a denuncias presentadas ante la Oficina de Trabajo e Industria de Oregón si no pagan a los trabajadores lo que se les debe, dijo Keesee-Morales.
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