Portugal avanza en la regulación sobre la cannabis

Ya van a ser más de 20 años desde que Portugal cambió su forma de atacar el problema de las drogas y ahora sigue profundizándose. Tras dos décadas de despenalización de ciertas drogas de consumo popular, ahora el Congreso quiere regular el consumo de marihuana medicinal y recreativo.

Durante un debate parlamentario celebrado el miércoles 9 de junio, dos partidos políticos portugueses, el Bloque de Izquierda y la Iniciativa Liberal, presentaron sendas propuestas de legalización del cannabis para adultos. Se trata de un proyecto que permitiría la venta de marihuana, como también el cultivo y su consumo en general. Una propuesta que aseguran no busca ganar réditos políticos, sino defender y proteger lo que en manos de los traficantes se convierte en un problema para la salud pública. El otro busca sofocar y acabar con el monopolio de la venta ilegal en el segundo país europeo con mayor consumo de cannabis, después de España.

Discusión parlamentaria sobre la regulación de la cannabis en Portugal

El resultado del debate fue un acuerdo para que ambos proyectos de ley sean enviados a la Comisión de Salud por un período de 60 días, durante el cual se podrán realizar audiencias públicas, presentar enmiendas y llevar a cabo negociaciones antes de que se produzca la votación decisiva en el Parlamento.

El reglamento que se estaría discutiendo sería el siguiente:

• Un límite en la cantidad de cannabis que un individuo puede comprar a la vez.
• Restricciones al consumo (no se permitiría el consumo en el trabajo, en lugares cerrados de frecuencia pública, en lugares destinados a los niños o en el transporte público, por ejemplo).
• Limitaciones impuestas por el gobierno a la venta de productos que contengan altos niveles o dosis de THC.
• Un etiquetado sólido y adecuado en los envases de los productos en relación con el contenido de THC o CBD, los efectos del consumo y las advertencias sanitarias.
• La principal diferencia entre ambos proyectos de ley es que el partido Bloque de Izquierda propone el control estatal de todo el circuito de cultivo, producción y distribución, incluyendo un registro de todos los usuarios. En cambio, la Iniciativa Liberal propone un control estatal escaso o nulo sobre el cultivo, el comercio y el consumo, en consonancia con la “cultura de la libertad” asociada al cannabis, según el partido Iniciativa Liberal. El bloque de izquierdas propone prohibir los productos sintéticos y los más procesados, como las bebidas alcohólicas en infusión, mientras que Iniciativa Liberal dice que deberían estar permitidos.

Otra diferencia clave entre los dos proyectos de ley es la relativa al precio de los productos. Mientras que el Bloque de Izquierda propone que el gobierno regule los precios de los productos, imponiendo un precio máximo de venta basado en los promedios del mercado ilícito para combatir el comercio ilegal, la Iniciativa Liberal propone un enfoque de libre mercado en el que los precios sean autorregulados por vendedores y compradores.

¿Cuál fue el cambio en Portugal?

Las drogas han sido un gran problema para Portugal, especialmente al terminar la dictadura en 1974. Llegaron de la mano de la libertad hasta crear una auténtica crisis social. “No había familia sin algún adicto”, recuerda João Goulão, director del Servicio de Intervención de Comportamientos Adictivos y Dependencias (SICAD) en un artículo de El País.

La primera solución que intentaron los Gobiernos democráticos fue con mano dura: tolerancia cero con traficantes y también con consumidores. La situación empeoró tras esa política: el consumo crecía al mismo ritmo que las enfermedades infecciosas y la saturación de las prisiones. Por eso en 2001 se promulgó una nueva política de drogas, que cambiaba el enfoque desde uno de seguridad y persecución hacia una visión de salubridad.

Aunque el consumo en general de estupefacientes no ha descendido, el de heroína y cocaína, dos de los más problemáticos, ha pasado de afectar al 1% de la población lusa a un 0,3%; las infecciones de VIH entre los consumidores han caído a la mitad (en el total de la población ha pasado de 104 nuevos casos al año por millón en 1999 a 4,2 en 2015), y la población carcelaria por motivos relacionados con drogas ha bajado del 75% al 45%, según datos de Agencia Piaget para el Desarrollo (Apdes).