Polémica condena en Túnez provoca modificación a Ley de Drogas

El primer Ministro tunecino anunció que revisará la ley de drogas, tras una polémica sentencia contra 3 jóvenes a 30 años de prisión por consumo de cannabis.

Exagerada fue la sentencia que le dieron a tres jóvenes de Túnez por estar consumiendo marihuana y que desencadenó un descontento social total en el país. Los condenaron el pasado 20 de enero a cinco años por posesión de cannabis con la intención de consumirlo, otros cinco por consumo de hachís, y 20 años por fumarlo en un espacio público (un estadio de fútbol). En total, 30 años.

La norma número 92-52 del 18 de mayo de 1992, relativa a los estupefacientes, conocida en el país como ley 52, es un vestigio de la dictadura que se resiste a desaparecer. Fue impulsada por el dictador Zine el Abidine Ben Alí (1987-2011), cuando su hermano Habib se vio envuelto en un asunto de tráfico internacional de droga conocido como Cuscús Connection.

Las protestas de la sociedad civil por este caso han sido tan intensas que el primer ministro, el tecnócrata Hichem Mechichi, anunció este lunes que su Gobierno revisará la ley relativa a la posesión y el consumo de drogas. Una norma de la época de la dictadura con castigos muy severos.

“El juez ha hecho su trabajo, hay una ley y la respetamos, pero creo que tiene que ser revisada porque es excesivo que un joven sea condenado a 30 años por haber consumido. El consumo sigue siendo un delito pero nuestro objetivo como Estado es acompañar a los jóvenes y no castigarles con una condena tan dura que puede tener el efecto contrario”, declaró el Ejecutivo.

Varios diputados han declaro públicamente su apoyo a un proyecto de enmienda, que deberá ser presentado en los próximos días, y que propone sanciones alternativas a la pena de cárcel como los trabajos comunitarios. Mas no la regulación o legalización de la cannabis.

El Colectivo por la Legalización del Cannabis (COLEC), creado en 2019, defiende un proyecto de ley que legalice la producción, comercialización y consumo de cannabis a través de una institución de gestión pública basada en el modelo canadiense. Los beneficios, aseguran sus miembros, serán la reducción de la población carcelarial, la lucha contra la drogodependencia y la criminalidad pero, sobre todo, una fuente de ingresos para las arcas públicas estimada en 460 millones de euros anuales y la creación de 150.000 empleos.

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