Denuncian persecución policial a pacientes que consumen cannabis

Fundación Daya, organización de consumidores medicinales chilena, ha denunciado una persecución por parte de las policías a pacientes de su organización. Ya van cuatro allanamientos en 24 horas.

Han sido días terribles para los pacientes que acuden a la Fundación Daya, organización chilena que ayuda a personas a obtener tratamiento medicinal de cannabis. En una semana han sido cinco las personas que, con prescripción en mano, han sido arrestadas por mantener plantas de cannabis o productos hechos de ella.

En concreto, dos hombres fueron allanados por Carabineros de Chile, uno en Concepción y otro en Peñalolén, RM. Mientras que dos mujeres fueron violentamente detenidas por funcionarios de la Policía de Investigaciones en Chillán, sin una orden judicial. En ninguno de los procedimientos había orden judicial, sólo denuncias anónimas. Todos los pacientes contaban con receta médica, y sus cultivos estaban destinados a uso medicinal. Práctica que es lícita en Chile.

Una de mujeres arrestadas en Chillán es Rosa Salazar, de 55 años de edad, con Fibromialgia y una hija con discapacidad mental y física. Estuvo esposada en el calabozo durante cinco horas.

Rosa es conocida en la zona porque desde hace años vende frutos secos en un carrito afuera de un supermercado del centro de la ciudad, siempre acompañada de su hija Camila del Pozo, con discapacidad total debido a una asfixia en el parto. La joven que tiene 33 años pero se ve como una niña, también es paciente de Fundación Daya Chillán, usa aceite de cannabis para la epilepsia que sufre. Hay que darle de comer, mudarla y puede caminar sólo con asistencia. 

Rosa y su hija Camila, pacientes de Fundación Daya

La mañana del miércoles 17 de febrero, un grupo de tres detectives golpeó la puerta de esta madre y su hija, la amedrentaron para que los dejara entrar a la casa sin una orden judicial. Le quitaron su indoor que había comprado con esfuerzo y tres plantas. 

“Yo sé que no tengo que dejar entrar a los policías sin una orden porque no corresponde pero me amenazaron, cuando les pedí la orden me dijeron ‘¡Ah, eres chorita! ¿Quieres que volvamos con los perros?’. Estuvieron una hora dando vuelta la casa, revisaron todos los cajones, todas las habitaciones, decían ‘¡¿Dónde están los paquetitos?!’ Yo les decía que no había nada, les mostraba las recetas médicas mías y de mi hija, todos los antecedentes médicos, ellos veían  a mi hija inmóvil y aterrada en su cama… arrancaron mis plantas de los maceteros, se llevaron mi indoor y me llevaron detenida. Me sacaron esposada con todos mis vecinos mirando”, cuenta esta madre.

Ataques a consumidores medicinales

Según la Fundación Daya, los allanamientos e incautaciones perpetradas por las Policías con la anuencia del Ministerio Público a usuarios medicinales de cannabis se han intensificado. El escenario es crítico, sólo en los últimos 15 días se han registrado 10 casos de criminalización cargados de violencia, a lo largo de Chile. La injusta persecución afecta tanto a pacientes de Fundación Daya como de otros centros médicos, e incluso a consumidores personales o recreativos. El equipo de Daya apoya a todos aquellos vulnerados en sus derechos. 

La representante de Daya Chillán, Silvia Hernández, ha acompañado a Rosa en estos difíciles momentos y esta mañana, además, asistió a otra paciente en la misma situación. Se trata de Camila Barra, de 27 años, quien tuvo una crisis tras ser allanada y detenida por la misma Policía de Investigaciones y quien hasta el cierre de esta nota permanecía en el Hospital Regional, incomunicada y esposada a la camilla, ya que el fiscal Álvaro Serrano decidió que debía pasar mañana a control de detención, en el mismo recinto hospitalario. Su situación de salud mental es crítica producto de estas graves vejaciones, lo que la mantiene muy descompensada, lejos de su pequeña hija de dos años. 

“Camila es una paciente antigua, lleva más de tres años con nosotros, vive con su madre y su hija, los detectives amenazaron a la señora para entrar sin orden judicial y se llevaron todo, indoor y plantas. Con este caso más el de Rosa de ayer, suman a dos mujeres de nuestra comunidad y sus familias, violentadas por la misma unidad policial. Exigimos al Gobierno que detenga este abuso”, agrega Silvia, quien denunció amedrentamientos de los efectivos por hacer un video en vivo denunciado la situación desde las afueras del cuartel policial de Av. O’Higgins de esa ciudad. Además, no la dejaron entrar para ayudar a ninguna de las detenidas. 

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