Tribunal Supremo español baja la regulación de cannabis

El Alto Tribunal dictaminó que el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias para reglar el funcionamiento de clubes cannábicos.

El Tribunal Supremo ha puesto en solfa la regulación de los clubes de usuarios de cannabis en Barcelona, la ciudad de España con el mayor número de asociaciones de este tipo.

En dos sentencias en un solo mes, ha declarado que el Ayuntamiento de la capital catalana carece de competencias para regular el funcionamiento de esas entidades mediante un plan municipal urbanístico aprobado en 2016 y que ha registrado la apertura de 218 clubes cannábicos.

La batalla judicial por la delimitación de las competencias para regular las asociaciones de usuarios de cannabis ha llegado así al corazón de un sistema basado en el consumo responsable y compartido y en la reducción de daños, del que España es líder mundial, y Barcelona, su capital de referencia.

Ahora, el Supremo ha seguido esa argumentación al ratificar dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en las que se estiman parcialmente sendos recursos contra el acuerdo del 27 de mayo de 2016 del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona por el que se aprobó el Plan Especial Urbanístico para la Ordenación Territorial de los Clubs y Asociaciones de Consumidores de Cannabis.

compatibilizar el derecho de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis con el ejercicio de otros derechos fundamentales como la protección de la salud, la convivencia y el disfrute de un medio ambiente adecuado. La normativa suavizó los requisitos de distancia limitándolos fundamentalmente a centros de enseñanza obligatoria, estableció como superficie máxima de los locales los 200 metros cuadrados, exigió una doble puerta de entrada o vestíbulo de separación, así como la instalación de chimeneas para la expulsión de humos, y concedió un plazo de 18 meses para adecuar las instalaciones a la nueva regulación.

Pero esos requisitos, sobre todo el de la exigencia de contar con una chimenea para la expulsión del humo del cannabis, motivaron los recursos de algunas asociaciones cannábicas afectadas, que son los que han acabado en el Tribunal Supremo tras haber recurrido el Ayuntamiento de Barcelona las sentencias del Tribunal Superior de Justicia catalán que estimaban parcialmente los contenciosos planteados por esas entidades.

Se mantiene el plan

De momento, pese al revés recibido en el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento de Barcelona parece no estar dispuesto a dar marcha atrás. Fuentes municipales han asegurado a Público que el plan urbanístico que regula la implantación de los clubes cannábicos “sigue plenamente vigente”, porque, según explicaron, la vía judicial continúa abierta hasta que no se resuelvan todos los recursos que hay pendientes de resolución en torno a esa normativa.

El Gobierno municipal de la capital catalana, según las mismas fuentes, dará los próximos pasos en este ámbito una vez que se haya resuelto la vía judicial, y entre ellos se encuentra la ordenanza de salud pública en la que ha estado trabajando para regular las condiciones de desarrollo de la actividad en las asociaciones de usuarios de cannabis. Cuando aprobó el Plan Especial Urbanístico en 2016, el Ayuntamiento anunció que la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y el Comisionado de Salud municipal habían comenzado el estudio y formulación de una nueva ordenanza para priorizar los criterios de salud pública en estos clubes, más allá de los criterios estrictamente urbanísticos del plan.

La importancia de este sector, social y económico, queda patente en el informe realizado el pasado año por la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (Confac) sobre la fiscalidad de las asociaciones de consumidores. Según este estudio, en España hay en torno a 1.500 entidades en las que trabajan un total de unas 7.500 personas, con una media de entre 300 y 400 socios cada una. Esos clubes podrían generar, a juicio de esta organización, al menos 218,8 millones de euros en pago anual de impuestos directos e indirectos y tasas a las diferentes administraciones, si su actividad estuviera plenamente regulada.

De esas 1.500 asociaciones, más de la mitad, unas 800, se encuentran en Catalunya y el 80% se ubica en los municipios del área metropolitana de Barcelona. El portavoz de la federación catalana Catfac integrada en la Confac, Eric Asensio, resalta este dato y el hecho de que, tras la aprobación del Plan Especial Urbanístico de la capital, otros muchos ayuntamientos de la comunidad pusieron en marcha normativas similares para regular el funcionamiento de los clubes de cannabis en sus términos municipales.

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