Cambios de la ONU motivan a países productores de cannabis

El reconocimiento oficial de las propiedades terapéuticas del cannabis abrió el mercado en Paraguay y México, aunque siga siendo ilegal su venta y consumo.

Después de 60 años de rechazo, tres años de revisión científica por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y dos años de discusiones diplomáticas, el 2 de diciembre de 2020, la ONU reconoció las propiedades terapéuticas del cannabis y su resina al retirarlas de la lista IV de la Convención sobre drogas de 1961, un espacio reservado para las sustancias más perjudiciales. Para los mayores productores de América, como México y Paraguay, esto puede suponer una oportunidad gigante para impulsar cambios a nivel jurídico, científico e industrial.

La doctrina que la ONU mantenía para el cannabis era una reliquia de las leyes internacionales sobre drogas más extremas heredadas de la moral de la década de 1950 y en relación directa con el racismo, la intolerancia, la falta de respeto por los pueblos indígenas y las culturas que fueron el sello distintivo de la época colonial.

Chile mantuvo esta posición arcaica. Las razones de Chile para rechazar la propuesta, que no terminaría su ilegalidad sino que sólo era reconocer la existencia de una capacidad medicinal de la cannabis, son peculiares. Según la página oficial de la organización, Chile rechazó el cambio de regulación, haciendo caso omiso a la recomendación de la OMS, porque “existe una relación directa entre el uso de cannabis y el aumento de la posibilidad de padecer depresiones, déficit cognitivo, ansiedad, y síntomas psicóticos”, entre otros aspectos.

Puede que este cambio se note poco en los más de 50 países que hace una o dos décadas han adoptado programas de cannabis medicinal. Además, Canadá, Uruguay y 15 Estados de Estados Unidos han legalizado su uso recreativo. Pero para dos de los mayores productores de América –México y Paraguay– puede suponer un argumento definitivo, ya que se encuentran en pleno debate legislativo sobre el tema.

México es el principal productor de marihuana de América del Norte, entre el 50% y el 80% del cannabis que se vende de contrabando en EE UU proviene de allí. Jamaica juega un papel similar en Centroamérica y el Caribe, y Paraguay en América del Sur, siendo el principal proveedor de cannabis de Brasil; donde el 80% de la marihuana que se consume es paraguaya. El resto va hacia Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay, según el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU.

En noviembre de 2020 el Senado mexicano aprobó una ley por amplia mayoría que permite el uso recreativo, médico, científico e industrial de la marihuana, pero aún debe ser refrendada por la Cámara de Diputados, y la planta sigue figurando en la lista de sustancias prohibidas de la Ley General de Salud. Algo que ahora es contrario a la legislación internacional.

Paraguay, productor por naturaleza

“Es un paso gigante para los que estamos en la investigación y puede ser beneficioso para hacer lobby en la Cámara de Diputados” explicó a Planeta Futuro la abogada e investigadora paraguaya Lisette Hazeldine.

Ella es la redactora del primer proyecto de ley de autocultivo de Paraguay. Hazeldine escribió las palabras que se hicieron ley en 2017 y que ha convertido a Paraguay en el único país del mundo donde el Estado debe suministrar gratuitamente aceite de cannabis a los pacientes que lo necesiten, aunque hasta ahora es letra muerta.

La también cofundadora del Observatorio Paraguayo del Cannabis y docente de la Universidad del Pilar (Paraguay) asegura que la decisión de la ONU servirá para “hacer entender a los diputados que no es un estupefaciente peligroso como ellos seguían sosteniendo en la última reunión de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico”. Y exclama: “Lo consideran una droga dura y sin ningún potencial médico. ¡Imagínate! ¡A ese nivel están ellos todavía!”.

La marihuana se usa en los sistemas de salud de Estados Unidos (1996), Canadá (1999), Israel (2001), los Países Bajos (2003), Suiza (2011), la República Checa (2013), Australia (2016) y Alemania (2017) y la mayoría de la UE para la epilepsia resistente, la fibromialgia, artritis, asma y glaucoma, y para el acompañamiento de la quimioterapia, el autismo o la ansiedad, entre otros, según el Observatorio Europeo de Drogas.

Desde 2015, Jamaica permite el autocultivo, portar unos 50 gramos y su uso para los religiosos rastafaris. Chile despenalizó el autocultivo y su consumo privado en 2016. La Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil dejó de considerarla una droga en 2019, aunque se mantiene prohibida. En Argentina legalizaron el autocultivo en 2020 y ya existe una empresa estatal produciendo aceite de cannabis. Pero en Paraguay sigue siendo delito cultivarla. La pena es de 20 años de cárcel.

“Nosotras seguimos siendo criminalizadas”, dice Cynthia Farina, presidenta de Mamá Cultiva, una organización sin fines de lucro que impulsa el uso del cannabis medicinal en Paraguay y en toda América Latina. Critican no poder plantar en sus propias casas y así poder sortear los carísimos precios de estos medicamentos en las farmacias. Ellas también fueron fundamentales para lograr que el Estado paraguayo deba proveer aceite medicinal de cannabis a quien lo necesite. Pero esa ley no logró el fin principal: el derecho a plantar en casa, como la menta, la ruda o la salvia.

Mientras casi toda América avanza en la regulación de la planta, las autoridades de Paraguay la mantienen prohibida y frenan también el acceso a las personas que la necesitan para vivir. Una de ellas es Verónica, que a los seis meses comenzó a sufrir convulsiones que duraban horas, cuenta su madre, Farina, la presidenta de Mama Cultiva. Tuvieron que internarla hasta 80 veces, dos de ellas en terapia intensiva. Una vez le indujeron un coma con respiración artificial para salvarla.

Su epilepsia resistía a todos los fármacos que le recetaban y que además la dejaban ausente, sin habla y le provocaron anorexia. Apenas podía caminar o agarrar objetos sola. Cuando Verónica tenía cinco años, sus padres pidieron ayuda a Mama Cultiva, y desde entonces, toma tres gotitas de aceite de cannabis a la mañana y tres a la noche. Hoy tiene 9 años, habla y va a la escuela, sus crisis se producen cada 15 días, se han reducido a cuatro o cinco segundos y solo mientras duerme, asegura su progenitora.

“Ni se da cuenta”, dice su madre. Llevan tres años sin necesidad de ir al hospital. Antes de probar el aceite de cannabis, los fármacos y las hospitalizaciones les costaban al menos 500 euros al mes, comenta la madre.

“Ya no somos tan criminales. Entonces, así como a la marihuana ya no se la puede ver solo como droga peligrosa, tampoco a los presos por marihuana se les puede ver igual jurídicamente”, afirma el abogado y empresario paraguayo Juan Carlos Cabezudo, quien lleva tres años produciendo marihuana a gran escala para regalar a pacientes que la necesitan y que se ha autodenunciado en la Fiscalía, sin que le hayan detenido, con la finalidad de sentar un precedente y que más gente pueda hacerlo. Su intención es forzar un cambio en la política criminal.

Cabezudo también ha creado una marca y una cooperativa que busca desafiar al monopolio que se ha establecido en Paraguay aún antes de regularizarse del todo el cultivo de cannabis. “En Paraguay hay 400.000 familias que sufren la extrema pobreza, pero con un promedio de tres hectáreas de tierra, en ese espacio podrían plantar marihuana legal y ganar un dinero digno, generar impuestos, combatir los monocultivos de soja y la expansión del narcotráfico”, argumenta Cabezudo.

En Estados Unidos, la industria del cannabis prevé que registrará 19.000 millones de dólares en ventas en 2020 – 16.000 millones de euros. Y 45.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) para 2025. La recaudación en impuestos de esta industria superó los 1.040 millones de dólares (861 millones de euros) en 2018. Alrededor de 147 millones de personas en el mundo, el 2,5% de la población mundial, reconoce consumir cannabis, según la OMS. Datos que deberían servir para desmontar el tabú.

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