¿Por qué es una mala idea dar bienes decomisados a las policías?

En el medio de la discusión en la Cámara de Diputados por la agenda “anti-narco” de la administración de Sebastián Piñera, se aprobó una indicación que permite “destinar recursos de bienes decomisados por tráfico de drogas” a las policías, sin que estos gastos tengan un fin específico. Un incentivo perverso para las policías y que, según estudios de Estados Unidos, terminan perjudicando a los consumidores y no ayuda a la pelea frente al narcotráfico.

Cuando se habla de grandes decomisos por operativos de drogas, lo primero que pensamos es Pablo Escobar y Miguel Ángel Félix Gallardo. Desde zoológicos y grandes mansiones hasta la infraestructura de producción y de tráfico. Sin embargo, la gran mayoría de los operativos no confiscan mucho más que la misma droga y eso podría cambiar, especialmente porque las investigaciones y el uso de esta potestad quedará a criterio de las policías.

La aprobación de las indicaciones del Ejecutivo cambia el paradigma de la persecución de delitos de tráfico de drogas en Chile. Hoy los bienes decomisados son “puestos provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)”, hasta que se termine el juicio contra los dueños. La modificación de hoy, además de agregar después de Senda “u otro organismo público” le da la posibilidad a las policías de recibir estos bienes para lo que ellos dispongan.

Específicamente, se trata del inciso 4 de la propuesta hecha por el Diputado Fuenzalida (RN): “No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados a la unidad del Ministerio Público que revise los casos del crimen organizado dedicado a la comisión de delitos sancionados en la presente Ley,así como también a las unidades de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones que tienen como objeto la desarticulación de organizaciones dedicadas a la comisión de dichos delitos”.

Para esto se realizaron dos votaciones: una que incluía sólo al Ministerio Público y otra que agregaba a las policías. En la primera hubo unanimidad en su aprobación, mientras que en la segunda fue aprobada por 6 votos contra 5; el voto que definió este inciso fue el de Hugo Gutiérrez (PC), quien votó a favor y que permitirá a las policías utilizar y/o vender estos bienes y obtener fondos frescos para sus operaciones. Eso sí, no específica qué tipo de operativos, por lo que también podría ser utilizado para dispositivos de represión.

“Aquí se viene a reafirmar la decisión de permitir que determinados bienes decomisados terminen en manos de las policías”, dijo el Diputado Saffirio (IND) en la comisión.

Y es que el principal problema es la libertad del gasto que se puede hacer con estos dineros. Según el Washington Post, los organismos policiales han utilizado cientos de millones de dólares obtenidos de los estadounidenses en virtud de la ley federal de confiscación civil para comprar armas, vehículos blindados y equipo de vigilancia electrónica. Pero también han gastado dinero en vehículos de lujo, viajes y hasta un payaso llamado Sparkles.

En Estados Unidos las policías han logrado obtener millones de dólares bajo esta fórmula por años. Pero eso ha dejado en manifiesto que el atractivo de las posibles recompensas financieras termina afectando a las actividades y prioridades de los organismos de represión. La combinación de tremendos incentivos financieros y protecciones limitadas para los propietarios de bienes crea una situación propicia para el abuso.

El decomiso civil de bienes ha estado en el punto de mira en todos los lugares donde se permite. Así como quedaría la ley en Chile, la policía podría declarar que cualquier dinero o propiedad que pertenezca a un sospechoso está “conectado” a un delito, incautarlo y, en última instancia, quedárselo para ellos sin tener que condenar a nadie.

¿Qué dicen los estudios?

En 2015, los legisladores de Nuevo México aprobaron unánimemente un proyecto de ley para poner fin al decomiso civil de bienes, el proceso que permite a la policía conservar el dinero en efectivo o los bienes que incautan, aunque nunca acusen al propietario de un delito, siempre y cuando sospechen que está vinculado a una actividad delictiva. Las demandas de alto perfil y la atención de la prensa han llevado a algunos estados a reexaminar sus leyes de decomiso.

Los policías se indignaron con esta Ley. En Nuevo México, los alguaciles y fiscales imploraron al gobernador que vetara la legislación. Eliminando la confiscación civil, argumentaban, le daría una victoria a los malos y pondría en riesgo la seguridad pública. “Tendrás menos aplicación de la ley”, predijo el presidente de la asociación de sheriffs del estado, Ken Christesen, quien señaló que los departamentos de policía utilizan los decomisos para ayudar a financiar sus presupuestos.

Ahora, casi seis años después de que Nuevo México prohibiera efectivamente la confiscación civil, esos temores siguen sin hacerse realidad, según un nuevo estudio que publicó el Instituto de Justicia estadounidense. El aumento previsto de la delincuencia y la disminución de los arrestos no se ha materializado, según el estudio, que se basa en el análisis de los datos del FBI. Las tasas de arrestos y delitos en Nuevo México, según el estudio, se mantuvieron esencialmente estables antes y después de que la ley de 2015 entrara en vigor. Los índices de arrestos y delitos también coinciden con las tendencias de dos estados vecinos, Colorado y Texas.

El cambio de prioridades de la policía

En algunas localidades, los decomisos se han convertido en una importante fuente de ingresos para la policía y los fiscales locales. Así pues, los organismos de represión pueden estar motivados no sólo por el deseo de disuadir el delito, sino también por el incentivo adicional del posible producto de la labor policial contra el delito. Sin embargo, la reacción de los gobiernos locales a esas leyes pone de relieve un problema fundamental en la utilización de incentivos para resolver los problemas de suministro de bienes públicos en un sistema federal.

Cuando varios niveles de gobierno participan en el suministro de bienes públicos, pueden tener objetivos y limitaciones que compiten entre sí. En el caso de los decomisos, si bien los estados pueden haber introducido incentivos para inducir a la policía antidroga, los gobiernos de los condados también tienen jurisdicción sobre la política y los presupuestos de la policía. Los condados tienen la capacidad de ajustar sus asignaciones a la policía, lo que en efecto anula los incentivos creados por el estado.

En el estudio “Finders Keepers: Forfeiture Laws, Policing Incentives, and Local Budgets“, las autoras Katherine Baicker y Mireille Jacobson encuentran que los gobiernos locales efectivamente capturan una fracción significativa de los decomisos que la policía hace reduciendo sus otras asignaciones a la policía. Esto socava el incentivo estatutario creado por las leyes de incautación. Es más probable que los gobiernos locales hagan esto en tiempos de dificultades fiscales. La policía, a su vez, responde a los incentivos netos reales de las incautaciones, una vez que se tienen en cuenta las compensaciones locales, y no simplemente a los incentivos establecidos en la ley.