Albert Tió, uno de los referentes del movimiento asociativo de cannabis de toda España y especialmente Cataluña, ingresó a la prisión de Lledoners para cumplir los cinco años de cárcel que le impuso la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona por un allanamiento realizado en 2014 en la asociación de usuarios Airam de la que él era secretario.
Y si bien, sigue pendiente de la tramitación del indulto que han apoyado más de 15.000 personas y cuya petición se encuentra en el Ministerio de Justicia, familiares, amigos y miembros de diversas organizaciones de usuarios y por la regulación del cannabis, como Confac, Catfac y Fedcac, de la que el propio Tió es presidente, y de la defensa de los derechos humanos, como Iridia, han agotado todas las instancias para absolverlo de esta condena.
Pero es difícil hacerlo. El Gobierno español, liderado por el Partido Socialista Español (PSOE) ha insistido -en una respuesta parlamentaria al PNV- que “cuando se revisan las pruebas científicas sobre el uso terapéutico del cannabis, se observa que el nivel de evidencia disponible no es suficiente para recomendar un uso generalizado en pacientes con determinadas patologías, contrariamente a lo que podría pensarse”.
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Esto a pesar de que la Organización Mundial de Salud, en una declaración histórica en febrero de 2019, anunció su recomendación a los gobiernos de eliminar el cannabis y la resina de cannabis de la Lista IV de la Convención Única sobre Estupefacientes. Dicha lista contiene estupefacientes que se consideran particularmente peligrosos y sin ninguna importancia terapéutica. El cannabis y la resina de cannabis habían sido incluidos en ese apartado al momento de la adopción de la Convención Única, en 1961.
El socio del PSOE, Unidas Podemos (UP), lleva un tiempo preparando una ley de consumo integral –uso recreativo y medicinal– para presentar en la segunda mitad de la legislatura. El propio Ejecutivo lo admite en su respuesta: la posición del PSOE supone, en estos momentos, el mayor obstáculo para la aprobación de una ley (más probablemente una que regule el uso medicinal que una integral). Desde UP, sin embargo, no creen que la postura del PSOE sea necesariamente contraria. Este mismo lunes tendremos una visión más clara de dónde está cada uno en el debate virtual que ha organizado el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) dentro de la Semana de Concienciación sobre el Cannabis Medicinal, que comienza este lunes 16 con varios actos.
De fondo sobrevuelan más cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que la posición del Gobierno colisione con otra realidad: el Ejecutivo ha emitido licencias a empresarios –el más conocido es Juan Abelló, el que fuera rey del negocio del opio legal en España– para producir y exportar cannabis a Europa a través de empresas como Linneo Health, participada por un fondo de inversión británico. “¿Qué hace diferente a España para que su Gobierno, por vía de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dé licencias de producción y exportación de cannabis con fines medicinales a empresas en España pero que ese cannabis no pueda ser usado por pacientes españoles?”, se pregunta el OECM.
En Chile sucede algo parecido, cuando el Gobierno apoyó la entrada de medicamentos en 2016, hizo algo parecido. Se cuadró detrás de Sativex, fármaco del Laboratorio Biopas S.A. y que es fabricado por GW Pharma, Kent Science Park del Reino Unido, impidiendo aún el cultivo y consumo más general. Este medicamento es restrictivo por su alto precio.
El apoyo a Albert Tió refleja el significado que entraña para el movimiento asociativo el encarcelamiento de uno sus referentes, quien, siendo responsable de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya (Fedcac), fue uno de los promotores de la iniciativa popular que dio origen a la ley de clubes de cannabis que aprobó el Parlamento catalán en 2017, declarada posteriormente inconstitucional por invasión de competencias estatales tras un recurso del PP.
“Estoy recibiendo muchos mensajes de apoyo de aquí y de otras partes del mundo. Estoy afrontando esto con mucha fuerza, con motivación, aun sabiendo que si la ley catalana que se aprobó estuviera hoy vigente, yo no iría ahora a prisión, porque respaldaría lo que yo hice”, dijo este lunes a Público Albert Tió, de 53 años de edad y padre de tres hijos menores de edad.
El activista confía en que su ingreso en la cárcel sirva, al menos, para reforzar y unificar al movimiento asociativo cannábico que lucha por la regulación del uso de la marihuana en España. “Es el momento de empujar todos a una, de transmitir optimismo y fuerza”, manifestó a este periódico.
Aquí una entrevista que dio Albert Tió a Diario 16 antes de su arresto
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